| Las jornadas del XXX Congreso Anual de la Red Argentina de Salud (RAS) y el VII Congreso Nacional de Salud COMRA, que se desarrollaron el 27 y 28 de agosto bajo el lema «De la acción a los consensos», cerraron con la Mesa de Actualidad Médica. El encuentro reunió a dirigentes médicos y referentes del sistema sanitario para poner en común algunas de las principales tensiones que atraviesan al sector: el financiamiento, el crecimiento del gasto, el envejecimiento poblacional y la judicialización de las prestaciones. |
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| Moderada por Jorge Iapichino, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), la mesa comenzó con una advertencia sobre la situación de los honorarios médicos y el financiamiento de las entidades. |
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| Adrián Balbín, presidente de FEMECON, repasó que la organización representa a unos 7.000 médicos de la provincia de Buenos Aires y que mantiene convenios con obras sociales, entre ellas IOMA. En su exposición, puso además el acento en la necesidad de ordenar y actualizar periódicamente el esquema de prestaciones que hoy garantiza el Programa Médico Obligatorio (PMO). |
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| «Necesitamos tener un PMO claro y concreto, que sea el tope de la cobertura y que tenga actualizaciones periódicas», planteó Balbín, al señalar la necesidad de establecer con mayor precisión cuáles son las prestaciones que debe garantizar el sistema y bajo qué condiciones. |
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| En ese marco, también vinculó la falta de previsibilidad de las coberturas con el avance de la judicialización. «La judicialización en el sector salud se ha transformado en un gasto muy difícil de presupuestar. El nivel de amparos es altísimo y muchas veces están alejados del rigor científico», advirtió. |
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| «Desde nuestros inicios en la década de 1970, nuestra prioridad siempre fue el honorario médico; siempre sostuvimos que debía representar el 40% del gasto en salud, pero hoy no llegamos ni cerca de esa participación», afirmó. |
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| Para Balbín, el deterioro del financiamiento también se refleja en la pérdida de afiliados y el aumento de la morosidad. «Vivimos una merma real en los padrones de afiliados porque la gente ya no puede pagar. En el último año, la morosidad en el sistema se duplicó y las carteras se caen», sostuvo. |
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| A ese escenario sumó el impacto de las prestaciones vinculadas con discapacidad, al advertir que el sistema sanitario termina absorbiendo costos correspondientes a educación y transporte. «El gran problema es que, si no resolvemos este desfinanciamiento, el que termina pagando los platos rotos es el honorario médico», planteó. |
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| El aumento del peso de los medicamentos de alto costo fue otro de los datos señalados durante la jornada. Según la información presentada en el Congreso, estos medicamentos pasaron de representar el 23% del gasto en 2015 al 37% en 2026. «Hace 20 años la ecuación estaba invertida: el recurso humano se llevaba el 40% y los medicamentos el 12%», comparó Balbín. Y agregó: «Para pagar mejores honorarios, la sociedad y los médicos debemos aprender a consumir de manera correcta». |
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| Fragmentación y concentración |
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| El diagnóstico sobre el financiamiento abrió también la discusión acerca de la estructura del sistema. Héctor Santander, vicepresidente de ACAMI, señaló que algunas experiencias desarrolladas en el interior del país muestran alternativas de integración entre los sectores público y privado que todavía no se han consolidado en Buenos Aires. |
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| «Estuvimos recientemente en Tucumán y Mendoza, por ejemplo, y pudimos ver cómo los sistemas públicos de salud se han integrado con el sector privado para prestar un servicio mejorado. Eso todavía no lo hemos logrado acá en Buenos Aires», sostuvo y añadió: «hay demasiada fragmentación y muchos intereses particulares que impiden consensuar un modelo que represente las necesidades de todos y, fundamentalmente, las de nuestros pacientes y de los habitantes de la República». |
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| Santander también puso sobre la mesa la concentración como una posible respuesta a los problemas de financiamiento y señaló que, en la medicina privada, que según indicó representa casi el 70% de la cobertura del mercado, ese proceso ya se produjo y planteó que debería extenderse a las obras sociales con pocos afiliados. |
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«Creo que esto también debería ocurrir con las obras sociales que tienen menos de 40.000 afiliados. Es un número muy pequeño para poder financiar, por ejemplo, un caso catastrófico. Por eso creo que la concentración es casi una necesidad para el sistema», sostuvo.
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| El debate sobre la sustentabilidad no quedó limitado a la estructura de los financiadores. Santander introdujo también la responsabilidad de los propios profesionales en el uso de los recursos, particularmente frente al aumento del gasto en medicamentos. En ese sentido, sostuvo que «los médicos tenemos que hacer un esfuerzo para controlar el gasto», y vinculó esa responsabilidad con las decisiones de prescripción y con los procesos de judicialización. |
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| El vicepresidente de ACAMI sumó además una mirada sobre la gestión de los prestadores privados. «Hay bolsones de ineficiencia que tenemos que corregir. Todavía hay mucho para mejorar y para poder atraer esos recursos hacia donde realmente hacen falta», concluyó. |
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| Una población que envejece |
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El envejecimiento poblacional ocupó otro de los ejes centrales de la discusión. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Rubén Leguízamo, sostuvo que ya no se trata de una transformación futura sino de un proceso que está ocurriendo.
«Más que una transición, el envejecimiento ya es una realidad. La Argentina se ha envejecido y lo ha hecho rápidamente», afirmó. |
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| El impacto sobre PAMI es particularmente significativo. Según explicó, el organismo pasó de 2,5 millones de afiliados en 2005 a 5,5 millones en la actualidad, mientras que la tasa de uso de las prestaciones pasó del 34% a más del 90%. |
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| La estructura etaria también modificó las necesidades de atención. Leguízamo señaló que el Instituto tiene actualmente «prácticamente 6.000» afiliados mayores de 100 años y que casi 1,4 millones de sus afiliados son mayores de 80 años. «Sabemos que a partir de los 75 años el gasto se incrementa significativamente y que a partir de los 80 años aumenta de manera exponencial», explicó. |
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| El funcionario advirtió además sobre el impacto financiero de una estructura familiar en la que conviven varias generaciones jubiladas. Para Leguízamo, el desafío excede a PAMI. «Este envejecimiento va a poner a prueba a la política y a la sociedad, porque trae cambios económicos, sociales, culturales y familiares», afirmó. Y proyectó que para 2050 los mayores de 60 años serán más numerosos que los niños. |
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| Judicialización: dos miradas sobre un mismo problema |
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| La judicialización de las prestaciones generó uno de los principales contrapuntos de la mesa. Leguízamo consideró que la situación requiere una respuesta institucional y planteó la posibilidad de crear un fuero especializado en salud. |
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| «Así como existen fueros con distintas especialidades, considero que debería haber un fuero exclusivamente de salud, dada la situación actual», sostuvo. |
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| Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini, abogado y exdirector ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), expresó una posición diferente. A su entender, la creación de un fuero específico no resolvería el problema de fondo. |
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| «Creo que el riesgo de judicialización tiene que ver con el riesgo cultural de trasladar una figura o una herramienta del ámbito comercial a la seguridad social, dándole una responsabilidad que no puede satisfacer», explicó. |
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| Según De los Heros Battini, cuando un caso llega a la Justicia, el juez no solamente aplica el derecho, sino que también pondera la situación concreta. «El juez quiere resolver el problema de esa persona. Por eso, indudablemente, no creo que esto se solucione con un fuero de salud», afirmó. |
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| En cambio, puso el foco en la necesidad de que el Estado establezca con claridad qué prestaciones deben ser cubiertas. «Hay que cambiar la cultura y también el Estado tiene que ser claro», sostuvo. Y reprodujo una preocupación que, según señaló, expresan los propios jueces: «¿Por qué no lo dicen así de clarito? Esto no se cubre». |
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| El reclamo por un diálogo efectivo |
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El cierre de la mesa estuvo atravesado por el reclamo de Iapichino por una mayor participación de las entidades intermedias en la discusión de las políticas sanitarias.
El titular de COMRA recordó que cuando las organizaciones médicas son convocadas, sus propuestas no son tenidas en cuenta. «No hemos logrado llegar a la instancia de decisión, porque la decisión no es nuestra: es de las autoridades», señaló. |
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| Iapichino afirmó que la situación atraviesa a distintas administraciones y sostuvo que el problema excede a un gobierno en particular. «La mayor parte de los gobiernos no ha tendido a darle poder a las entidades intermedias», planteó a tiempo que reclamó una renovación generacional dentro de las propias organizaciones médicas. |
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| Finalmente, para Iapichino, las organizaciones médicas no buscan disputar poder político sino participar en la construcción de soluciones. «Nosotros no queremos competir por el poder. Queremos ser útiles, llevar proyectos y discutirlos. Pero para que exista diálogo tiene que haber alguien enfrente», concluyó. |
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