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Entrevista a Ricardo Corral. Presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras
Reforma de la Ley de Salud Mental: “El desafío es garantizar derechos sin perder eficacia clínica”
En diálogo con Femecon Informa Ricardo Corral sostiene que el debate legislativo es una oportunidad para corregir falencias de la normativa vigente y avanzar hacia un sistema que priorice la prevención y el acceso a tratamientos.
 
 
Se empieza a debatir en el Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, y el tema vuelve a instalarse en la agenda pública. Para el médico psiquiatra Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y profesional del Hospital Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, se trata de una discusión que debe darse por fuera de las grietas políticas y en clave de política de Estado.
“Más allá de las posiciones partidarias el tema de la salud tiene que ser una política del Estado; todas las ideologías y partidos políticos tienen que sostenerlo”, planteó en diálogo con Femecon Informa.
Corral parte de un diagnóstico estructural del sistema sanitario argentino, reconoce un recorrido sólido, pero advierte un deterioro sostenido en el tiempo. “Tenemos una gran tradición en la implementación de políticas sanitarias públicas, con buen acceso. Pero en las últimas décadas, porque no es un problema de un solo gobierno, venimos en un proceso de decaimiento”, señaló. En ese sentido, remarcó que “estamos en una gran crisis sanitaria que no es de ahora, sino el resultado de muchos años”.
El especialista también identificó a la pandemia como un punto de inflexión reciente que es necesario tener en cuenta cuando se habla de salud mental. “Los comunicadores y la opinión pública tenían una visión de la salud mental que cambió, porque la pandemia fue una tragedia, pero permitió poner el tema en agenda de otra manera y visibilizar problemas que antes no se veían”, explicó.
 
 
Salud y enfermedad mental
Uno de los ejes centrales de su planteo es la necesidad de ordenar conceptos. “La salud mental es una cosa y la enfermedad mental es otra. El problema no es la salud mental sino cuando se pierde”, afirmó e hizo una distinción entre el malestar psíquico cotidiano y las patologías que requieren tratamiento sostenido. “Una enfermedad implica síntomas persistentes, durante días y todo el día, que impactan en la funcionalidad”, precisó. Dentro de ese universo, puso el foco en las enfermedades mentales severas. “Estamos hablando de esquizofrenia, trastornos bipolares, Alzheimer. Pueden afectar al 7, 8 o 10% de la población, son millones de personas en la Argentina”, indicó. Y subrayó: “La buena noticia es que hoy hay mejores tratamientos y ha mejorado mucho el pronóstico”.
En ese punto, buscó dimensionar la magnitud del problema y su relación con el sistema de atención. “Estamos hablando de aproximadamente 5 millones de personas con enfermedades mentales severas, y la discusión muchas veces se reduce a la cantidad de camas psiquiátricas, que en la Argentina son entre 6.000 y 8.000”, explicó. Y agregó: “Es una proporción mínima en relación al total de pacientes que requieren atención”.
Para ilustrarlo, tomó como referencia su lugar de trabajo: “En el Hospital Borda tenemos alrededor de 10.000 pacientes, pero la cantidad de internados es de unos 400. Es decir, la internación es una parte muy pequeña del sistema, no es el eje del tratamiento”. En esa línea, remarcó que los hospitales monovalentes cumplen una función específica dentro de la red: “Son hospitales especializados, acá hay gente experta en cuadros complejos, en patologías complejas.”
Sin embargo, para Corral uno de los principales obstáculos sigue siendo el acceso al sistema. “Hay un doble estigma: hacia los pacientes y hacia las instituciones y los psiquiatras. Eso genera autoexclusión y hace que muchas personas no accedan al tratamiento”, advirtió.
 
 
La ley y los derechos
En este contexto, el médico psiquiatra cuestiona aspectos centrales de la ley vigente. En una columna publicada el 13 de abril de este año en La Nación, sostuvo que “la Ley 26.657, sancionada en 2010, nació con el noble propósito de proteger los derechos de las personas que padecen enfermedad mental grave, pero en su conceptualización se incurrió en los sesgos de la ideología, sin fundamentos científicos ni conocimiento de la clínica. Lo que finalmente sucedió fue desamparar a los más vulnerables”.
En diálogo con este medio, profundizó esa mirada, dijo que “la ley tiene un buen espíritu, pero fue pensada desde el escritorio y no desde la práctica” y apuntó especialmente al criterio de internación involuntaria. “El concepto de ‘riesgo cierto e inminente’ es problemático. Cuando el riesgo es inminente, muchas veces ya es tarde”, sostuvo.
Desde su perspectiva, el enfoque debería incorporar la noción de riesgo potencial y la capacidad de anticipación clínica. “Nosotros no queremos llegar a las tragedias. Lo que tenemos que saber es evaluar y reconocer cuándo una persona va a estar en riesgo”, explicó. Y fue contundente: “Una persona sin tratamiento puede vivir hasta 20 años menos y con peor calidad de vida”.
En ese marco, Corral introdujo una mirada sobre la lógica de la normativa vigente y el debate actual. “Es paradojal porque la ley de 2010, de alguna manera, es una ley de derecha porque deja al paciente librado a su suerte si no quiere tratamiento. En cambio, lo que se propone ahora -que muchos califican como de derecha- es más cercano a una lógica de protección, con mayor intervención del Estado para cuidar a la persona”, planteó y agregó: “Si el paciente no quiere, pero uno ve que va a tener problemas graves o va a morir antes, el Estado tiene que intervenir con todos los resguardos necesarios”.
En esa línea también defendió el rol del psiquiatra en la evaluación y recordó que “el diagnóstico es médico. Hay síntomas psíquicos que pueden deberse a enfermedades clínicas, por eso la evaluación tiene que hacerla un especialista”. También cuestionó ciertas miradas instaladas en el debate público y remarcó que “decir que la medicación es un castigo es un disparate”.
Respecto de las internaciones también buscó desarmar prejuicios. “Hoy no duran más de tres o cuatro semanas, se trata de estabilizar al paciente y que vuelva a su vida”, explicó y añadió que “a nadie se le ocurriría cerrar una unidad coronaria; acá también estamos hablando de salvar vidas”.
 
 
Estigmatización y presupuestos
El debate también expone tensiones en torno a la estructura del sistema. Corral señaló que existe una fuerte estigmatización sobre los hospitales monovalentes, cuando en realidad cumplen un rol específico dentro de la red de atención. “Hay prejuicios con estas instituciones y con la psiquiatría en general, pero eso no ayuda a que las personas accedan a los tratamientos”, indicó y en relación a los recursos humanos sostuvo que “hay escasez de profesionales en muchas especialidades, no solo en psiquiatría, y también una fuerte migración en los últimos años”.
También el contexto económico es otro condicionante y así lo definió Corral: “Argentina invierte cerca del 10% en salud, pero es un país con limitaciones estructurales. En los años 60 tenía un PBI similar al de Brasil; hoy Brasil tiene cuatro o cinco veces más y eso impacta en todo el sistema”, explicó y sintetizó: “Con lo que tenemos, hacemos bastante”.
 
 
Consensos y evidencia
Frente al escenario legislativo que se abre, el titular de la Asociación Argentina de Psiquiatras insiste en la necesidad de construir consensos basados en la evidencia y la práctica clínica. “El punto de encuentro es garantizar derechos, pero hay que conocer lo que pasa en la realidad porque muchas discusiones se dan desde lo teórico”, afirmó y concluyó que “hoy la propuesta de modificar la normativa nos sitúa ante un debate necesario y postergado porque es necesario aplicar el sentido común médico para salvar vidas”.
Como cierre, dejó planteado el eje de fondo de la discusión: “No se trata de tener un lugar para alojar a la gente; se trata de atender la crisis, estabilizar al paciente y que vuelva a su casa”. Y advirtió que el desafío es lograr un sistema que, además de garantizar derechos, sea capaz de intervenir a tiempo para evitar desenlaces evitables.
 
 
Por María José Ralli