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Es problemática mundial reconocida los
costos crecientes que implica la atención
de la salud, y que ha ido en ascenso progresivo
e interrumpido, a pesar de que se atravesaran
períodos de recesión general.
Viene a nuestro recuerdo el relato de quienes
muchos años atrás viajaban a Estados
Unidos y se asombraban por el descarte de materiales
que entre nosotros se hubieran reciclado varias
veces.
Si bien no tiene aún comparación
con el nuestro, es obvio que también en
ese país las cosas están cambiando,
y el duro camino que debe recorrer el Presidente
Obama para obtener la aprobación de su
reforma al Sistema de Salud es una importante
muestra de lo que afirmamos.
Hoy han quedado atrás antiguas discusiones
respecto a que se debe privilegiar cuando los
recursos escasean, pues no hay sanitarista bien
formado que no opine que es la Atención
Primaria de Salud lo que merece el mayor apoyo.
El conflicto se genera, a todos los niveles: Salud
Pública, Obras Sociales y Prepagos cuando
el avance incontenible de la ciencia y la investigación
pone a disposición de los pacientes recursos
tecnológicos y farmacológicos que
para nada son acompañados por un aumento
paralelo de los medios de financiación.
Y el problema que se plantea es no solo económico
sino también de orden ético y moral.
Hasta que punto puedo yo negar a un paciente una
determinada prestación, si en eso quizás
esté la diferencia entre la vida y la muerte.
Hasta que punto puedo yo dilapidar recursos en
un método de diagnóstico o tratamiento
si se que para proveerlo deberé destinar
dinero que a través de la Atención
Primaria de Salud salvarían a ciento de
pacientes.
Este dilema ético y moral se transforma
frecuentemente en legal mediante recursos de amparo
o juicios que obligan a los responsables a aceptar
a veces incongruencias jurídicas tales
como obligar al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a enviar a un paciente a transplante renal
al exterior, cuando ya se hacían en innumerables
centros en la Argentina.
Medicamentos, métodos de diagnósticos
y prótesis terminarán con los recursos
de la Salud a menos que se busquen mecanismos
para su uso racional, estableciendo prioridades
y por sobre todo equidad.
Y la solución de este grave conflicto no
puede estar en otras manos que en las del Estado,
que por razones diversas mira de costado mientras
la atención de la Salud marcha inexorablemente
al desastre.
Y no es que no haya solución, no hay interés
ni voluntad política para hacerlo.
Tómenos por caso los medicamentos;
Por un artículo aparecido en Clarín
el 6 de enero de 2010, escrito por Federico Tobar,
quien actualmente se desempeña como Consultor
Internacional en Políticas de Salud, pero,
que ocupara diversos cargos públicos, tomamos
conocimiento que Argentina
Gasta por año $1.500 millones en medicamentos
de alto costo. Este gasto crece en forma sostenida
en todo el mundo, pero mucho más en nuestro
país porque aquí se pagan precios
muy superiores a los internacionales y no hay
competencia, pues hay un solo fabricante y se
venden únicamente en droguerías
y no en farmacias.
Además se usan en enfermedades crónicas
degenerativas cada vez más frecuentes.
Se denominan enfermedades catastróficas
las que empobrecen a los pacientes.
En Argentina un 3,2 % de los medicamentos cuestan
más que el Salario Mínimo Vital
y Móvil y representan el 10 % del gasto
total.
Su propuesta
a) Implantar un Seguro Universal que garantice
atención por igual frente a enfermedades
catastróficas incluyendo provisión
gratuita de medicamentos
b) El Estado sería el único comprador
y podría mediante licitaciones internacionales
pagarlos 80 % menos.
c) Los tratamientos deberían hacerse, según
protocolos a los que Médicos e Instituciones
deberían ajustarse.
d) Debería ser Universal, para quienes
tengan cobertura de Obra Social o no y extraerse
sus prestaciones del P.M.O.
e) Haciéndolo a nivel Nacional se obtendrían
recursos que harían que el riesgo fuera
el adecuado.
Como vemos inteligencia, conocimiento e imaginación
pueden lograr soluciones en dificultades que parezcan
insalvables.
La pregunta del millón es:
¿Cómo canalizar
estas inquietudes políticamente y cómo
sortear los inmensos intereses que se verían
afectados?
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