La frecuencia con que los actos médicos son sometidos a los tribunales de justicia es tan inusitada en nuestro país que está en severo riesgo el correcto ejercicio de la medicina y el bienestar de la comunidad. Todos los actos humanos pueden ser sometidos al escrutinio moral y también judicial y en particular cuando un paciente o su familiar sienten que han sido víctima de un daño por una inadecuada acción médica. Pero cuando toda la profesión médica queda envuelta en un manto de sospecha tal que un porcentaje muy alto de los profesionales recibe por lo menos una demanda, algo grave ocurre en nuestro entretejido social.

La industria del juicio es una realidad, que se percibe cuando se observa el frecuente merodeo de personajes -en las cercanías de las áreas de alta complejidad de instituciones de salud- que ofrecen a familiares de pacientes graves los servicios de profesionales disponibles para litigar gratuitamente contra los presuntos responsables de la suerte de un familiar querido. Está tan quebrada la relación médico-paciente, que el acercamiento de un familiar o amigo médico para ayudar frente a alguna circunstancia difícil hoy se reemplaza por la advertencia de la existencia de un abogado en la misma familia o en su amistad. El interés por la evolución de un paciente no se trasunta hoy por el pedido de una interconsulta sino por la solicitud de algún examen u hoja clínica destinada a un tercero que colecciona pruebas para un futuro litigio.

Y hasta ha ocurrido algo impensable en el aborto no punible, cuando magistrados judiciales afirman públicamente la inconstitucionalidad del correspondiente artículo 86 del Código Penal -que todos sabemos que existe y debe ser cumplido- y en el otro extremo, funcionarios del Ministerio de Salud publican una guía normativa para médicos sobre este tema en la que se recuerda la amenaza civil, penal o administrativa para el profesional que no cumpla ese mismo artículo, ignorando en cambio toda mención a la inseguridad jurídica vigente. Con esta realidad y el ordenamiento jurídico-constitucional de nuestro país por el que el sentido de una sentencia no es obligatoria para los tribunales de inferiores y ni siquiera para el mismo tribunal, se genera un clima en el que ser médico en la Argentina resultará una epopeya heroica que ningún poder del Estado ni la sociedad tiene derecho moral a exigir ni a imponer.

Lo ha escrito claramente el juez Roberto Loustanau de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata en su fallo sobre V.O (21/2/2007) en el que se autoriza el aborto no punible por abuso sexual de una menor: "Si ante una práctica normal y habitual, desde un diagnóstico hasta una intervención común, los médicos sufren diariamente el temor de resultar demandados y verse inmersos en un pleito de impredecibles consecuencias, ¿con qué fundamento hemos de decirles que practiquen sin diligencia judicial previa un aborto que luego veremos si los condenamos o no penalmente? ¿Cuál es la razón que nos permite exigirles que pongan en riesgo su trabajo, su matrícula, su tranquilidad, su salud y su futuro? Tengo para mí que, en nuestro país y en la actualidad, no puede exigirse tal conducta a los médicos. No son exigibles las conductas heroicas".

Finalmente la cercanía de la muerte, por una enfermedad grave o por una complicación inesperada, no se admite culturalmente por las constantes promesas irreales que están más cerca de la crueldad que de la inocente fantasía. El imperativo tecnológico ("porque se puede se debe") tiene su mayor expresión en la aplicación del soporte vital en terapia intensiva que puede mantener indefinidamente una vida biológica en pacientes irreversibles.

Y entre el temor médico de no dejar de "ofrecer todo lo disponible" y la lectura de la sentencia de un ministro de una Corte Provincial que compara el retiro de un soporte vital con "atrocidades como las que provocó la Alemania nazi o con la reimplantación de una nueva roca Tarpeya" resulta difícil encontrar una respuesta razonable.

Se yergue así una medicina defensiva que pide permiso judicial para no ingresar a terapia intensiva a un paciente que espera la muerte con cuidados paliativos o para no efectuar su reanimación cuando ocurra el paro cardíaco. Así las cosas, me temo que en Argentina ser paciente es riesgoso y ser médico es desaconsejable.