La provincia de Buenos Aires se convirtió en la primera en reglamentar la atención de los abortos no punibles en los hospitales públicos. El ministro de Salud, Claudio Mate, firmó una resolución que establece el camino que se deberá seguir en el ámbito bonaerense cuando una mujer pida la interrupción de un embarazo en los supuestos contemplados en el Código Penal, es decir, si corre peligro su vida o su salud y si ha sido violada. De acuerdo con la flamante normativa, cualquier mujer víctima de una violación, y no sólo aquellas "idiotas o dementes", podrán reclamar un aborto en el sector estatal. El hospital no deberá exigir una autorización judicial. Un equipo interdisciplinario tendrá a su cargo el estudio de cada caso y deberá expedirse en un plazo máximo de cinco días hábiles. Para el diagnóstico deberá contemplarse no sólo el riesgo físico que la continuación de la gestación podría causar o agravar, sino también el daño psíquico. La respuesta tendrá que ser veloz. "En ocho días tiene que estar resuelto el aborto sin judicializarse", precisó el ministro Mate. Se abrirá en cada hospital un registro de objetores de conciencia.

El procedimiento para la atención de los abortos no punibles forma parte de un amplio programa para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia a las Víctimas, creado a partir de la resolución Nº 304, con fecha del 29 de enero de 2007.

Mate adelantó que sus alcances serán difundidos en un encuentro con todos los directores de hospitales de la provincia (alrededor de 80) que encabezará el propio ministro. "La idea es establecer con claridad cómo deben actuar los médicos ante casos de abortos no punibles", señaló Mate.

El protocolo nació a partir de un pedido que elevaron en septiembre al Ministerio de Salud de la provincia un grupo de ONG del Movimiento de Mujeres que impulsan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, después de que en un hospital de La Plata se negaran a practicarle un aborto a la adolescente LMR, una discapacitada mental de 19 años que había sido violada por un tío, a pesar de que había obtenido un permiso de la Suprema Corte de la provincia para interrumpir la gestación. La chica terminó sometiéndose a un aborto en una clínica privada.

La normativa impulsada por la provincia se fundamenta "en la necesidad de contar con pautas que permitan aplicar el aborto en los supuestos contemplados como no punibles en los términos del artículo Nº 86 incisos 1 y 2 del Código Penal", señala el texto del protocolo.